Activistas y periodistas independientes denuncian a la CIDH prácticas represivas que esquivan la 'huella legal'

El relator especial para la Liberta de Expresión de la CIDH, Edison Lanza. (EL PAÍS)

Activistas y periodistas independientes cubanos sostuvieron este lunes en Santo Domingo, República Dominicana, una reunión de trabajo con el relator especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y la comisionada para Cuba, Brasil, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay, Antonia Urrejola.

En el encuentro, realizado al margen de las audiencias de la CIDH que tienen lugar en la ciudad, los integrantes del grupo expusieron a Lanza y Urrejola lo que consideran un “aumento de la represión” desde que el Gobierno cubano puso en marcha su simulacro electoral el año pasado, así como el uso de tácticas represivas que tienen como elemento común la tendencia a “evitar dejar huella jurídica”.

Asimismo, recordaron que siguen vigentes las herramientas utilizadas para enviar a prisión a 75 disidentes y periodistas independientes en la primavera de 2003 —la Ley 88 (Ley Mordaza) y varios artículos del Código Penal referidos a delitos contra la seguridad del Estado—, mientras el régimen ha comenzado a utilizar otras figuras, como el delito de “usurpación de capacidad legal”, para amenazar la libertad de expresión.

Los activistas y periodistas destacaron que, si bien las herramientas utilizadas hasta ahora para criminalizar el ejercicio de periodismo independiente tienen un claro matiz político, la utilización de la “usurpación de capacidad legal” seguiría la línea de otros delitos de carácter común, como desacato, atentado, desorden público y peligrosidad social predelictiva, que el Gobierno utiliza con frecuencia para encarcelar opositores.

Tres periodistas de la revista La hora de Cuba —Henry Constantín, Sol García Basulto e Iris Mariño— han sido procesados bajo ese figura. Esos procesos fueron archivados, pero solo provisionalmente, por lo que siguen bajo amenaza.

Mariño estaba invitada a la reunión de trabajo en República Dominicana, al igual que el periodista de DDC Osmel Ramírez Álvarez. Ninguno de los dos pudo asistir porque el Gobierno mantiene sobre ellos una prohibición de salida.

Por otra parte, tres periodistas de DIARIO DE CUBA han sido también “advertidos” de que podrían ser encarcelados bajo el cargo de “usurpación de capacidad legal”: Manuel Alejandro León, Adriana Zamora y Ernesto Carralero, este último presente en la reunión con Lanza y Urrejola.

En cuanto a la represión que evita dejar huella jurídica, los periodistas y activistas mencionaron los “robos” de materiales y equipos de trabajo en los que la policía política se niega a entregar copia de la lista de artículos confiscados. Además, las detenciones arbitrarias, en ocasiones de varios días; el acoso a los familiares para que cooperen con la Seguridad del Estado; los interrogatorios en dependencias no policiales, como las oficinas de Inmigración y Extranjería, y la misma prohibición de viajar al exterior o de desplazarse dentro de la Isla. En ninguno de los casos los afectados obtienen una constancia documental de la represión sufrida.

En un vídeo enviado desde la Isla para que fuera entregado a Lanza y Urrejola, Iris Mariño denunció también su expulsión de la escuela de arte de Camagüey en la que trabajaba como profesora y la práctica de utilizar agentes masculinos para interrogar a mujeres sin presencia de oficiales femeninas.

Mariño dijo que ha contabilizado 22 ocasiones en las que ha sido detenida o acosada por policías y agentes hombres. Una de las últimas veces fue el pasado 1 de mayo, cuando fue arrestada al intentar hacer una foto en la calle.

Según Mariño, cuatro agentes hombres de la Seguridad del Estado se turnaron para interrogarla durante cuatro horas sin que hubiera una oficial mujer presente.

Durante la reunión, Ernesto Carralero relató a Lanza y Urrejola el interrogatorio al que fueron sometidos él y su esposa, Adriana Zamora, embarazada y también periodista de DIARIO DE CUBA, en febrero pasado.

En esa ocasión, dos oficiales de la Seguridad del Estado dijeron a Zamora que dependía de ella “que su embarazo salga bien”, recordó Carralero.

Los oficiales también “reconocieron que ellos [la policía política] hacen cosas, pero dijeron ‘nuestra mano nunca se va a ver'”, añadió.

El periodista independiente expresó temor por el momento del parto, en el que Zamora “estará sola, a merced de ellos”, que controlan también los servicios médicos.

Otra asistente a la reunión, Aimara Peña, periodista independiente, relató su expulsión de la carrera de Pedagogía y amenazas a su hijo pequeño cuando debía someterse a una operación de la vista.

“Me decían ‘tu niño va a entrar a un salón; por qué no lo piensas mejor, no sabes lo que pueda suceder’. Intentaban sembrar el miedo en mí como madre para que desistiera de mi trabajo”, dijo Peña.

Apuntó que también intentó ser candidata a delegada de su circunscripción durante el “proceso electoral” pasado, y desde entonces, dijo, ha aumentado el nivel de vigilancia y de acoso tanto sobre ella como sobre su familia y el vecino que la propuso.

Por su parte, Juan Antonio Madrazo, líder del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y miembro del proyecto Observadores de Derechos Electorales, se refirió a las dificultades que ponen a activistas y periodistas independientes algunas embajadas de países de la región en La Habana para conseguir visados, lo que se suma a los obstáculos del Gobierno cubano.

Lanza y Urrejola señalaron las dificultades del trabajo de la CIDH, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en el caso de Cuba.

El relator para la Libertad de Expresión mencionó los problemas para conseguir reportes con los requisitos técnicos necesarios para elaborar informes de calidad, debido a la falta de cooperación del Gobierno cubano.

La comisionada para Cuba expresó preocupación por el hecho de que La Habana no es un actor pleno del sistema interamericano. La CIDH no puede debatir con el Gobierno cubano, que nunca se presenta a las audiencias en las que se le cuestiona ni responde a las peticiones de información y explicaciones, lo que obstaculiza la protección efectiva del ejercicio de las libertades, alertó.

Lanza expresó la intención de trabajar en conjunto, en el caso de Cuba, con el relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye.

Invitó a los activistas y periodistas independientes a utilizar el mecanismo de solicitud de medidas cautelares del sistema de protección de la CIDH y llamó a extender la observación de las violaciones a la libertad de expresión a otros sectores, como artistas e intelectuales censurados.

Los participantes en el encuentro expresaron su expectativa de que el próximo período de sesiones de la CIDH incluya audiencias sobre Cuba.

En la reunión participaron también Pablo Díaz y Mirta Fernández, director y jefa de Redacción de DIARIO DE CUBA, respectivamente.

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