El Gobierno multiplica las prohibiciones de viajes a opositores

El Gobierno cubano ha dado un paso más en su política de restricción de viajes al impedir la salida del país a Dora Mesa, de la Asociación Cubana para la Educación Infantil, y a Marthadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo, del Comité para la Integración Racial. Los tres estaban invitados como oradores a la Evaluación Periódica Universal (EPU) de Cuba, que se celebra este viernes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero las autoridades les prohibieron dejar el territorio nacional, según la organización Archivo de Cuba.

Esta decisión relega al país en un siniestro y reducido grupo, el de los escasos Estados que han impedido viajar a participantes en la EPU, conformado hasta la fecha por Bahréin, Sudán y Sudán del Sur.

Las sesiones de EPU son encuentros previos para valorar la situación de los derechos humanos en los diferentes países y a partir de las cuales se ofrecen recomendaciones. Los países miembros de la ONU se someten a este escrutinio cada cinco años.

[[QUOTE:Las sesiones de EPU son encuentros previos para valorar la situación de los derechos humanos en los diferentes países y a partir de las cuales se ofrecen recomendaciones

]]Maria Werlau, directora de Archivo de Cuba, “expondrá las violaciones del derecho a la vida contenidas en el informe preparado por su organización en octubre de 2017” y elaborado conjuntamente con Cubalex y la Fundación de Derechos Humanos, según indicó la organización en una nota de prensa.

En la reunión participarán también Alejandro González Raga, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y José Fornaris Ramos, de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP). Además, varias ONG presentaron informes al grupo de trabajo para abordar la situación de los derechos y libertades en la Isla, entre ellas: Apretaste, Buró de Derechos Humanos, Cadal, Civicus, Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Cubalex, Directorio Democrático Cubano, Foundation for Human Rights in Cuba, Instituto Patmos y Race & Equality.

Juan Antonio Madrazo explicó a 14ymedio que antes de pasar por la taquilla de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE) en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, le informaron que tenía una prohibición de salida. “No entiendo por qué. Antes de viajar fui a la oficina de atención a la ciudadanía de inmigración y me dijeron que mi ‘regulación’ había sido de solo 21 días y que ya había expirado”.

Madrazo denuncia que después de ese incidente se acercó a Marthadela Tamayo para entregar a la activista su computadora y unos documentos. En ese momento una funcionaria de inmigración le arrebató el pasaporte de las manos a Tamayo y tras “un espectáculo de groserías y provocaciones” le dijo que ella tampoco podría viajar.

Otro caso similar es el de Dora Leonor Mesa, directora de la Asociación Cubana para la Enseñanza de la Educación Infantil, a quien le comunicaron que tampoco podía viajar, mientras que el abogado José Ernesto Estrada, residente en Pinar del Río, fue impedido por la Seguridad del Estado de salir desde su provincia hacia el aeropuerto. “Este acto impide nuestra exposición de siete minutos ante la ONU”, denunció Madrazo.

En febrero pasado cuatro integrantes de la Asociación Pro Libertad de Prensa fueron interrogados por la Seguridad del Estado tras enviar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la libertad de prensa en Cuba.

José Antonio Fornaris, presidente de esa organización independiente, consideró estas presiones como “un ataque a la prensa” en medio de un contexto nacional en el que han aumentado en los últimos meses “las agresiones contra periodistas”.

Un mes después, Acelia Carvajal, integrante de la Red de Cultura Inclusiva, tampoco pudo llegar a la sede suiza de Naciones Unidas, por estar “regulada”. La activista iba a participar en una presentación sobre la situación de las personas con discapacidad en la Isla.

En un principio, para impedirles viajar la Seguridad del Estado usaba los arrestos arbitrarios de los disidentes, horas antes de que su avión despegara o interceptaba el vehículo en el que viajaban al aeropuerto

Aunque desde enero de 2013 entró en vigor una Reforma Migratoria que flexibilizó notablemente los trámites para viajar fuera de la Isla, eliminando el anterior “permiso de salida”, con el paso de los años el Gobierno de Raúl Castro ha ido aumentando la lista de opositores que no pueden salir del país.

En un principio, para impedirles viajar la Seguridad del Estado usaba los arrestos arbitrarios de los disidentes, horas antes de que su avión despegara o interceptaba el vehículo en el que viajaban al aeropuerto y lo mantenían retenido hasta que el vuelo hubiera salido. En el último año, sin embargo, se ha vuelto más común la estrategia de informarles que están “regulados” al momento de pasar por la ventanilla de inmigración.

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