En Cuba existe un aparato “abrumador” para amordazar a la prensa: El Estado

 

El Estado Cubano, “enemigo” de una prensa independiente, ejercer sobre ésta un aparato “legal abrumador” para “amordazar e impedir” su desarrollo con una represión preventiva a través de leyes de control económico y político.

Así se desprende de un informe preliminar hecho público el sábado en Ciudad de Guatemala, en el marco de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el que se critica que se emplee a la Seguridad del Estado “en el hostigamiento” de los profesionales de los medios a través de sustracción de recursos y “arrestos breves” que les impiden hacer su trabajo.

Ante estas situaciones, los profesionales de la comunicación, que muchas veces no saben qué hacer para defenderse legalmente, se dan de bruces con el aparato judicial, controlado por el Ministerio del Interior cubano, que “solidifica el ambiente de impunidad”.

Algunos de los hechos “más graves” que destaca el escrito es la cárcel para el periodista y activista camagüeyano Fernando Vázquez Guerra por un delito económico diseñado para él o el tiempo que también estuvo en prisión el grafitero El Sexto por expresarse en público sobre la muerte del ex gobernante Fidel Castro.

Las leyes cubanas contienen numerosos frenos a la libertad de prensa e información, pero el Código Penal, que data de 1987 -con ligeras modificaciones posteriores- es el más “agresivo” en este sentido, pues contiene 10 artículos que “amenazan el trabajo de la prensa”.

Entre ellos destaca el artículo 103, sobre “Propaganda Enemiga”, lo que constituye “la amenaza más fuerte”, y otros en los que se penaliza “la pertenencia formal a un equipo de trabajo, la búsqueda de información, la identificación como periodista en caso de no poseer título, y la publicación, impresión, distribución y comercialización del material periodístico”.

El informe tilda de “grave” el caso de los estudiantes de periodismo, a los que se les exige ser militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y a los que se les incentiva para realizar “operaciones de ciberacoso” contra cuentas de Facebook de periodistas independientes.

Sobre acceso a la información, el Código Penal y otras disposiciones restringen la obtención y publicación de información por lo que “el secretismo es política de Estado”, de manera que solo es posible hallar datos ya publicados por el propio Estado.

Leer en El Nuevo Herald