La dictadura como problema internacional

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne hoy para discutir —otra vez— sobre la crisis de Nicaragua.

Esta es la séptima sesión sobre Nicaragua que celebra el Consejo Permanente, que en agosto formó un Grupo de Trabajo de 12 países para ayudar a encontrar una salida democrática de la crisis. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega rechazó el generoso ofrecimiento de ayuda, calificándolo como una “acción irrespetuosa de un grupo de países de este Consejo al intentar constituirse en una autoridad extranjera, inmiscuyéndose en los asuntos internos que competen exclusivamente a los nicaragüenses”, según dijera en esa ocasión Denis Moncada, el canciller de la dictadura.

El régimen de Daniel Ortega ni siquiera permitió la entrada a Nicaragua del Grupo de Trabajo de la OEA, que ha debido hacer su labor desde afuera mientras en el país la crisis se sigue agravando por la imparable represión y la supresión, de hecho, de las garantías constitucionales y el respeto a los derechos humanos.

En esta nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA se presenta el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el cual se documenta la represión y se acusa a la dictadura de haber cometido incluso crímenes de lesa humanidad.

Contrario a lo que sostiene el régimen de Ortega, esto no compete únicamente a los nicaragüenses. Los derechos humanos, la libertad y la democracia son valores universales consagrados en declaraciones y tratados internacionales, que todos los Estados Miembros de la ONU y la OEA están obligados a respetar.

“Todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio”, se señala en la Carta Democrática Interamericana. De manera que las obligaciones establecidas en estos documentos internacionales suscritos por el Estado de Nicaragua, tienen que ser cumplidas por el gobierno cualquiera que este sea.

El desmantelamiento de la institucionalidad democrática y la instauración de una dictadura, la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que según el informe del GIEI se han cometido en Nicaragua durante la sangrienta represión estatal contra el pueblo nicaragüense, no son un asunto interno, constituyen un problema de legítimo interés de los demás Estados que amerita su intervención en los términos establecidos por el Derecho Internacional.

Ningún gobierno se puede escudar en los principios de la autodeterminación y la soberanía nacional para cometer crímenes, incluso de lesa humanidad, contra su propio pueblo. La soberanía nacional le confiere al Estado el derecho de gestionar sus propios asuntos, pero al mismo tiempo le impone la obligación de proteger a la gente dentro de sus fronteras.

Cualquier gobierno que no cumpla esa responsabilidad tiene que ser llamado a cuentas por la comunidad internacional, en las formas y bajo los términos que mejor correspondan.

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