La inhabilitación de Evo Morales

El Tribunal Supremo Electoral de la República de Bolivia inhabilitó la candidatura de Evo Morales a senador por el departamento boliviano de Cochabamba.

La causa de la inhabilitación es simple, pero contundente e inapelable. La Constitución establece que los candidatos a diputados y senadores deben residir en el departamento boliviano por el cual se postula, pero Evo Morales está radicado en Argentina donde vive en condición de exiliado político.

Como era de esperarse, Morales calificó la inhabilitación legal de su candidatura a senador, como un “golpe a la democracia” y la intención de destruir a su partido, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Sin embargo el mismo alto tribunal electoral rechazó una impugnación de la candidatura presidencial de Luis Arce, postulado por el MAS, quien de esa manera fue habilitado para participar en las elecciones del próximo 3 de mayo. O sea que el argumento de Evo Morales no tiene ninguna sustentación política ni legal.

Carlos Mesa, quien también es expresidente de Bolivia y actualmente el principal candidato presidencial adversario del MAS, opinó que “Evo Morales, que digitó el gigantesco fraude en las elecciones de 2019, debe entender que ya no puede usar las leyes según sus intereses”.

Por su parte, observadores independientes y dirigentes políticos democráticos de Bolivia, consideran que el objetivo de Evo Morales no era en realidad seguir participando en el ámbito de los poderes públicos bolivianos, con la condición de senador, y continuar ejerciendo el liderazgo de su partido dentro del país, sino obtener inmunidad para protegerse de acusaciones y juicios penales por fraude electoral, abuso de poder y corrupción.

En efecto, esta misma semana el Ministerio Público anunció que abrirá un proceso penal contra Morales y varios exmiembros de su gobierno, por el delito de fraude electoral en los comicios frustrados del 20 de octubre del año pasado. Sobre esto, Carlos Mesa declaró que Evo Morales debe responder por el gigantesco fraude electoral que costó vidas humanas y cuantiosas pérdidas de bienes públicos. Obviamente, si Evo hubiera alcanzado su objetivo de ser senador, la justicia boliviana no lo habría podido procesar y él quedaría en la impunidad.

Comparando el caso de Bolivia con el de Nicaragua, algunos miembros de movimientos sociales y políticos opositores a la dictadura de Daniel Ortega consideran que a este no se le debe permitir que participe en unas eventuales elecciones libres, limpias y justas. Sin embargo, la verdad es que para eso se le tenía que haber sacado del poder, o que él mismo hubiera renunciado, como lo hizo Evo Morales en Bolivia a “petición” de los altos mandos militares y por la desobediencia de las fuerzas policiales, que no querían seguir reprimiendo al pueblo.

La situación de Nicaragua es diferente. Ortega sigue aferrado al poder y seguramente pretenderá reelegirse una vez más en las próximas elecciones.

De manera que la tarea de la oposición democrática será derrotarlo categóricamente en las urnas electorales, siempre y cuando que, como ocurrió en 1990, ahora también las elecciones fuesen verdaderas y valiera la pena participar en ellas.

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