La justicia, raptada y envilecida

Desde febrero del año pasado el régimen orteguista no permite a LA PRENSA acceder a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y los juzgados, para cubrir las informaciones judiciales de interés público y nacional.

Dos meses antes de la sublevación popular de abril de 2018 contra la dictadura de Daniel Ortega, a la reportera judicial de LA PRENSA, la periodista y abogada Martha Vásquez, le fue prohibido ingresar a las instalaciones judiciales para cumplir su labor informativa. Hasta el día de hoy, la periodista Vásquez y LA PRENSA siguen siendo víctimas de ese flagrante atropello y violación de los derechos constitucionales, como venganza por haber redactado y publicado denuncias sobre irregularidades cometidas en la Corte Suprema de Justicia.

Pero este abuso de poder es solo una muestra de la descomposición del poder judicial orteguista, raptado y desinstitucionalizado por Daniel Ortega desde que retomó el poder en enero de 2007.

Situación que empeoró con la brutal represión desatada contra la ciudadanía democrática desde abril del año pasado, en la que el poder judicial ha sido usado como un odioso instrumento de castigo y venganza contra los presos y perseguidos políticos.

Cabe recordar que también durante la dictadura sandinista de los años ochenta, hubo en Nicaragua una feroz represión generalizada que no fue solo para combatir a la contrarrevolución armada, sino también a la oposición cívica que cuestionara el poder de los comandantes de la revolución. Sin embargo, el poder judicial era independiente hasta donde lo podía ser en el contexto de una revolución.

En la Corte Suprema de Justicia de aquella época había magistrados que no eran militantes sandinistas, juristas de sólida formación académica y reconocido prestigio profesional y personal, que defendían la independencia del poder judicial y se enfrentaban cuando era necesario hacerlo a los comandantes y esbirros revolucionarios.

Juristas de gran valía como Roberto Argüello Hurtado, Hernaldo Zúñiga Montenegro, Santiago Rivas Haslam y Rodolfo Robelo Herrera, ejercieron las magistraturas de la Corte Suprema con riguroso apego al derecho y la independencia judicial. Provenían de las corrientes políticas conservadora y liberal, pero eran auténticos demócratas que no contaminaron su función profesional con ideologías ni la adulteraron con inclinaciones políticas.

Argüello Hurtado, quien fue presidente de aquella Corte Suprema, declaró en una ocasión que a pesar del pluralismo político en la composición de la Corte las decisiones no se tomaban en base a la ideología. Y que, aunque hubo ministros que les indicaban cómo fallar los casos ellos no se dejaban influir ni intimidar.

Después de que Argüello Hurtado dejó la magistratura judicial para irse de embajador de Nicaragua en Francia, los otros tres magistrados mencionados renunciaron cuando un poderoso y prepotente comandante de la revolución se negó a acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia en un conflicto de propiedad.

Ahora quizás hay en la Corte algunos magistrados que no están de acuerdo con el perverso rol que la dictadura le ha asignado al poder judicial. Pero no se atreven a protestar, mucho menos a renunciar ante tanta atrocidad que se comete en nombre de la justicia.

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