La vía electoral no es incondicional

En las redes sociales de la oposición se plantea con insistencia, que no se debe “ir” a elecciones mientras haya presos políticos y no se den todas las garantías que son indispensables para que haya elecciones libres y limpias.

Además, algunos sostienen con mayor o menor eco, que tampoco hay que participar en elecciones mientras permanezca la dictadura y, mucho menos, con la participación de Daniel Ortega y su codictadora como candidatos. Quienes sostienen este punto de vista consideran que ni siquiera se debe aceptar la participación del partido FSLN.

Pero a juzgar por las declaraciones sobre el tema electoral, de los representantes de la nueva oposición social y política (Alianza Cívica, UNAB, Coalición Nacional), e incluso de los dirigentes de los partidos políticos a los que se les puede reconocer como opositores, ellos no están dispuestos a participar en elecciones sin previas reformas electorales sustantivas y sin las debidas garantías democráticas.

También se sostiene que una de esas garantías irrenunciables es la liberación de todos los presos políticos, aunque en este sentido no está de más recordar —solo como referencia histórica— que la Unión Nacional Opositora ( UNO) de 1990 fue a las elecciones del 25 de febrero estando las cárceles sandinistas llenas de presos políticos y de guerra. Pero la UNO derrotó en las elecciones a Daniel Ortega y al Frente Sandinista, e inmediatamente después las cárceles fueron vaciadas.

A nuestro juicio, el hecho de que la oposición nueva y la anterior a los sucesos de abril de 2018, haya tomado la decisión de que la vía para sacar a la dictadura del poder y comenzar a reconstruir la democracia es la electoral, no significa que se deba participar en cualquier clase de elecciones, a la medida del interés de Daniel Ortega para seguir en el poder. Tampoco creemos que la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos (EE.UU.) y todos los componentes de la comunidad democrática internacional que se han pronunciado en favor de la vía electoral para resolver la crisis sociopolítica de Nicaragua y restaurar la democracia, piensen que las elecciones pueden ser de cualquier clase, mucho menos unas que sean fraudulentas.

En las resoluciones internacionales sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua y la necesidad de resolverla de manera democrática, se señala claramente que las elecciones tienen que ser de conformidad con los estándares internacionales. No se trata de elecciones como las que se hacen en Cuba comunista, que por cierto son las que más le gustan a Daniel Ortega. Se trata de un consulta electoral como la ya mencionada del 25 de febrero de 1990, con insuficientes garantías democráticas pero con la posibilidad real de que las elecciones fueran competitivas y muy bien vigiladas, y que Daniel Ortega y el Frente Sandinista no se las pudieran robar salvo que hicieran un fraude escandaloso y descabellado, que nadie, absolutamente nadie, lo podría tolerar.
Como hemos dicho en varias ocasiones, si las próximas elecciones en Nicaragua no son libres, limpias y observadas por entidades nacionales y organismos internacionales creíbles, otra vez la gente se abstendría masivamente de ir a votar, como lo ha hecho desde 2008, y por tanto no podrían servir para sacar al país de la crisis.

Sin duda que el objetivo de Daniel Ortega es perpetuarse en el poder, él y su dinastía familiar y partidista. De manera que no está dispuesto a permitir elecciones libres y limpias ni volver a sufrir el trauma de febrero de 1990, del que hasta ahora no se recupera y nunca se recuperará.

Pero hay que tener en cuenta que Ortega no es invencible. Que se le puede obligar a aceptar las elecciones auténticas —como en febrero de 1990— para lo cual el rol de las presiones internacionales es fundamental y tiene que ser determinante.

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