Las sanciones le duelen a Ortega

En el discurso que dijo el pasado jueves 30 de abril, con motivo del Día de los Trabajadores, Daniel Ortega no pudo ocultar el dolor que le causan las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) le ha impuesto a miembros muy cercanos de su familia y personajes prominentes de su equipo de gobierno y su aparato de represión.
Canadá también ha castigado con sanciones a altos personeros de la dictadura orteguista, pero ese país democrático no le interesa al dictador, su pleito favorito es con el gobierno estadounidense.

Según reportó LA PRENSA en sus ediciones digital e impresa del primero de mayo, Ortega dijo en un mensaje a sus seguidores con motivo de la celebración del Día de los Trabajadores, y de otro aniversario de la muerte del comandante sandinista Tomás Borge, que “lo ideal es que el Gobierno de los Estados Unidos actuara realmente con valentía y asumiera un liderazgo respetando a todas las naciones y suspendiendo todas las agresiones”.

En su lenguaje peculiar, el dictador de Nicaragua califica como “agresiones” las sanciones que impone la comunidad internacional, pero sobre todo EE.UU., a las dictaduras más brutales que todavía quedan en el mundo, por sus violaciones a los derechos humanos y atentados contra la seguridad y la paz regional y mundial. Pero a diferencia de Ortega, para la gente democrática de todas partes del mundo las sanciones son lo menos que puede hacer la comunidad internacional contra esas horrorosas dictaduras, como la de Nicaragua y Venezuela. Más bien lo que creen muchos es que las sanciones deberían de ser más drásticas y eficaces.

Por otra parte, las sanciones que EE.UU. y Canadá le han impuesto a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como las de la Unión Europea que se espera le sean aplicadas después que pase la pandemia, no son por gusto de los sancionadores ni a petición de nadie. Son parte de la política exterior de los países democráticos para promover la libertad y la democracia y defender los derechos humanos. En el caso de Nicaragua, las resoluciones correspondientes de los EE.UU. son muy claras al establecer que el objetivo de las sanciones es presionar a Ortega y Murillo para que no sigan violando los derechos humanos de los nicaragüenses, y para que cumplan los acuerdos democráticos que firmaron con la Alianza Cívica, en el Incae, el 29 de marzo de 2019.

Para usar la misma expresión que utilizó Ortega en su discurso del recién pasado 30 de abril, lo verdaderamente ideal es que él cumpla los Acuerdos del Incae que sus representantes firmaron teniendo como testigos de honor al Nuncio Apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Sommertag, y al representante del secretario general de la OEA, Luis Ángel Rosadilla. Lo ideal es que Ortega respete y cumpla la Carta Democrática Interamericana, lo cual es un compromiso solemne y de obligatorio cumplimiento de todos los Estados que forman parte del Sistema Interamericano. La primera obligación de los gobiernos es cumplir responsablemente los compromisos del Estado.

Ortega se resiste a entender que el derecho de las naciones a ser respetadas, y la autodeterminación nacional, no le dan licencia a ningún gobierno ni gobernante a oprimir al pueblo y los ciudadanos, para violar los derechos humanos, para tratar de perpetuarse en el poder mediante fraudes electorales y la perversión del Estado de Derecho.

Las autoridades sancionadoras de EE.UU. han sido claras en decir que apenas Ortega comience a cumplir los acuerdos de marzo del 2019 en el Incae, y que abra el proceso de las reformas electorales para que haya elecciones libres y limpias, las sanciones serían suspendidas. No canceladas, solo suspendidas hasta que Ortega dé muestras convincentes de que está cumpliendo, que no está simulando para ganar tiempo.

Estamos absolutamente claros de que el objetivo de Ortega es quedarse en el poder hasta el fin de sus días, y heredarlo a su descendencia. Pero como se dice en buen nicaragüense, una cosa piensa el borracho y otra el cantinero. La fuerza de la resistencia cívica y de las presiones internacionales, lo puede obligar a ceder, otra vez, como en 1990.

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