Los prisioneros de la dictadura

Estados Unidos, Nicaragua, protestas, crisis en EE.UU.

Se cumplió esta semana un año, desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo dictó en su Asamblea Nacional una Ley de Amnistía, para las personas que participaron “en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.

Así se dice en el artículo primero de dicha Ley de Amnistía, que fue cuestionada por los abogados de los presos políticos, sus familiares, la oposición política y social, y los mismos prisioneros que fueron excarcelados, porque su verdadera intención era dejar en la impunidad los crímenes cometidos por la dictadura durante la sangrienta represión del alzamiento cívico de abril de 2018 de los estudiantes y los ciudadanos.

La amnistía es una institución jurídica y política tan antigua, como que fue creada en la Atenas clásica para que nadie fuese perseguido por sus hechos anteriores. En la época actual, la amnistía suele tener dos sentidos fundamentales. Uno, la reparación de una injusticia en favor de quienes han sido indebida o excesivamente castigados por el Estado, y el otro, la conveniencia de reconciliar y devolver la concordia y la paz a una sociedad cuya convivencia pacífica y tolerancia se han roto por determinados acontecimientos políticos.

En Nicaragua, desde los años ochenta del siglo pasado la amnistía ha ido más allá de esos propósitos bien intencionados, fue convertida en instrumento de impunidad para crímenes cometidos por operadores y funcionarios del Estado, a cambio de algunas concesiones a la oposición, en particular la puesta en libertad de los presos políticos y el cierre de las causas judiciales que pesaban contra ellos.

La amnistía orteguista del año pasado ni siquiera fue acompañada de una propuesta política de reconciliación nacional, porque eso hubiera significado reconocer la necesidad de una apertura a la democratización del país, acordar con la oposición un plan para desmontar la dictadura de manera institucional, gradual y pacífica, y quedar el régimen expuesto a la justicia internacional por las acusaciones de los organismos de derechos humanos de haber cometido crímenes de lesa humanidad; los que nunca prescriben y ninguna amnistía puede perdonarlos.

De manera que la amnistía del año pasado no fue auténtica, según los cánones del derecho internacional y ni siquiera de acuerdo a la misma tradición política de Nicaragua. Lo único positivo fue que permitió a centenares de presos políticos salir de la cárcel y volver a sus hogares, aunque sometidos al asedio policial, a la represión laboral y otras formas de la mezquina venganza de los dictadores.

Un año después de aquella amnistía orteguista, permanecen en las cárceles 86 rehenes políticos y prisioneros de conciencia de la dictadura. Algunos están allí desde hace más de 12 meses, en condiciones infrahumanas agravadas por la pandemia del Covid-19.

La ciudadanía, la sociedad civil, la oposición nacional y la comunidad democrática internacional, tienen el deber político y moral de seguir luchando por la liberación incondicional de todos los presos políticos y prisioneros de conciencia, hasta sacarlos de la prisión.

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