Presos políticos y de conciencia

En una presentación propagandística del Ministerio de Gobernación, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reconoció que tiene en sus cárceles a 204 presos políticos (a los que criminaliza como “terroristas”), de los cuales siete ya han sido condenados y 197 están en proceso judicial.

Los organismos de derechos humanos no tienen una información exacta de la cantidad de presos políticos que hay en Nicaragua, la cual prácticamente aumenta todos los días. Sin embargo, algunos de ellos estiman que son más o menos cuatrocientos los presos políticos que están recluidos en cárceles de todo el país, mayormente en el Chipote de Managua y el Sistema Penitenciario de Tipitapa, en las que sufren torturas y vejaciones de toda clase.

El régimen no les reconoce calidad de presos políticos, los califica a todos de delincuentes que han cometido actos de vandalismo y terrorismo durante los acontecimientos de los últimos cinco meses. Sin embargo, para todos los efectos jurídicos y de derechos humanos son presos políticos y de conciencia.

Según la literatura jurídica y de derechos humanos, los presos políticos son aquellos que han realizado actividades subversivas contra el sistema de gobierno establecido, en tanto que los presos de conciencia son personas que simplemente tienen ideas distintas a las de quienes detentan el poder, y luchan por cambios gubernamentales por medios pacíficos, sin recurrir a ninguna forma de violencia.

De acuerdo con este criterio, todas las personas que están presas y son procesadas por haber participado en marchas y plantones pacíficos, son presos de conciencia, mientras que los que participaron en los tranques son presos políticos. Cabe mencionar al respecto que Amnistía Internacional exige la libertad inmediata de los presos de conciencia, y para los reos políticos demanda juicios justos a los que tienen derecho todas las personas humana de acuerdo con las leyes internacionales.

Obligado a reconocer que tiene en sus cárceles a 204 presos políticos y de conciencia, aunque no los llame así, el Ministerio de Gobernación asegura que son tratados con las debidas consideraciones humanitarias, que sus problemas de salud son atendidos, que se les permiten las visitas de sus familiares y hasta que participan en actividades deportivas.

Inclusive, en un alarde de falacia y cinismo el régimen acusa a los organismos internacionales de derechos humanos de supuesta negligencia y falta de interés en averiguar la verdadera situación de los presos políticos. Lo cual fue desmentido inmediatamente, pues la realidad es que a los defensores de los derechos humanos no se les permite entrar a las cárceles para constatar la cantidad exacta de presos políticos y de conciencia, revisar su estado físico y síquico y ver las condiciones penitenciarias en las que se encuentran.

Si Ortega va a mencionar en las Naciones Unidas el caso de los presos políticos, debería permitir que previamente visite las cárceles el Relator para los derechos de las personas privadas de libertad, de la CIDH, quien está en el país y ha solicitado oficialmente autorización para hacer esa visita, pero se la han negado.

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