¿Reforma constitucional o nueva Constitución?

Miguel Díaz-Canel. (FRANCE24/ REUTERS)

Este trabajo es el primero de varios artículos que dedicaré al tema de la reforma constitucional que se está llevando a cabo en Cuba por una Comisión de Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encabezada por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Las constituciones —el texto de mayor jerarquía en el orden jurídico-político de los Estados— son reflejo del desarrollo social alcanzado, de la correlación de las fuerzas políticas y del reconocimiento y garantía de los derechos ciudadanos.

En dependencia de los cambios, que en la época de las nuevas tenologías de la información se suceden de forma vertiginosa, los textos constitucionales tienen que ser readaptados, mediante una reforma o su sustitución por otra nueva.

La Constitución vigente en Cuba, redactada en 1976, sufrió dos reformas, ninguna de las cuales logró colocar a la sociedad cubana a la altura de los tiempos. Separados por 46 años desde su promulgación, la misma no refleja los cambios ocurridos y mucho menos las necesidades del país. Su desfase con la realidad, interna y externa es de tal magnitud que requere ser sustituida.

De espalda a esa realidad, el Gobierno, subordinando las necesidades del país a una ideología y a la conservación del poder, ha optado por una reforma; un propósito posible por la inexistencia de un Estado de derecho, de una sociedad civil autónoma y de ciudadanos, lo que le permite a las autoridades, en su condición de poder constituído, proceder a la reforma sin convocar a un poder constituyente elegido por el pueblo.

Sin embargo, aunque el Gobierno cuente con todo el control para imponer su voluntad, si desconoce las causas fundamentales del estancamiento social (como todo indica que será), la reforma anunciada será un nuevo fracaso, porque la solución a la profunda crisis en que Cuba se encuentra resulta y resultará imposible sin la participación de los cubanos como verdaderos sujetos del cambio.

La razón es sencilla. Aunque el desconocimiento por una gran parte de la población de la relación directa que existe entre el mejoramiento de las condiciones de vida y las libertades refrendadas en la Ley fundamental de la República, el interés —condición imprescindible para salir de la crisis— requiere devolver a los cubanos la condición de ciudadanos, lo que implica poder ejercer de manera plena las libertades y derechos correspondientes. En esa relación radica el quid del problema.

En la actual Constitución las libertades de palabra, prensa, reunión, manifestación, asociación y conciencia, recogidas en el artículo 53, que debieran servir de soporte de la soberanía popular para la participación, de forma paralela y autónoma al Estado, en la vida pública y en los destinos de la nación, estan castradas por el artículo 54, que limita el ejercicio de dichas libertades a las llamadas organizaciones de masas, donde la persona y por tanto el interés brillan por su ausencia.

Las organizaciones de masas, creadas por el poder, están subordinadas constitucionalmente al único partido permitido, a la ideología que ese partido profesa y con los medios de comunicación controlados por el Partido-Estado, que según reza en el artículo 5, “esla fuerza superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el comunismo”. Mientras el artículo 62 expresa nítidamente que: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”.

Los artículos citados, además de constituir un mecanismo de freno para el desarrollo del país y de sus nacionales, constituyen una flagrante negación de la historia constitucional de Cuba, que desde el siglo XIX, con mayor desarrollo en las constituciones republicanas de 1901 y 1940, las libertades ciudadanas fueron refrendadas sin acotamientos partidistas o ideológicos, lo que les permitió servir de fundamento a los avances alcanzados en materia de libertades políticas, tal como lo expresó Fidel Castro en 1953 en su alegato durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada:

“Os voy a referir una historia. Había una vez una República. Tenía sus leyes, sus libertades; presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El Gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya solo faltaban unos días para hacerlo. Existía un opinión pública respetada y acatada, y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo”.

Si la reforma constitucional anunciada desconoce la necesidad de regresar a las libertades ciudadanas que fueron proscritas, como un paso determinante para sacar al país del actual estancamiento, el resultado no será sino un incentivo para profundizar la actual crisis.

Leer en Diario de Cuba

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