Terrorismo policial y Estado canalla

Expertos legales en derechos humanos aseguran que el grave ultraje que sufrió la familia Reyes Alonso, de la ciudad de León, a manos de efectivos policiales encabezados por el propio jefe departamental de la Policía, ha sido un acto de terrorismo de Estado.

En declaraciones a LA PRENSA publicadas este martes, los expertos calificaron el hecho como una violación de la Convención Internacional Contra la Tortura. Sostienen que no se puede seguir considerando a la Policía de Nicaragua como un cuerpo armado de protección civil y aseguran que “hay que agregarlo entre la lista de grupos terroristas que debe combatir la comunidad internacional, (esto) es lo que debe ser demandado por la población nicaragüense y los organismos como Naciones Unidas”. (LA PRENSA, miércoles 27 de noviembre de 2019).

Cabe señalar que la designación de patrocinadores del terrorismo internacional que aplican los Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea, se refiere a aquellos Estados que apoyan a los movimientos terroristas como Al Qaeda, Estado Islámico o las FARC de Colombia. Y establecen duras sanciones que les deben ser aplicadas por su complicidad con uno de los peores crímenes contra la humanidad, que es el terrorismo.

Pero eso se refiere al patrocinio del terrorismo hacia afuera. Para los casos de prácticas internas de terrorismo, por parte del mismo Estado, lo que cabe es la calificación de “Estado canalla”, o forajido, que el gobierno de EE.UU. aplica desde el tiempo de la administración del presidente Clinton, de 1993 a 2001.

Según la doctrina de los EE. UU., la categoría de Estado canalla se aplica a aquellos países dominados por dictaduras que restringen severamente las libertades individuales y públicas y violan de manera sistemática y masiva los derechos humanos. Se considera que por esas fechorías los Estados canallas representan una amenaza a la seguridad y la paz internacional.

Con base a ese criterio e invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley de Emergencia Nacional, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y el Título 3 del Código de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump determinó el 27 de noviembre del año pasado que la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua constituye una seria amenaza a la seguridad nacional de EE. UU. Recientemente, en este mes de noviembre, Trump renovó por un año más dicha calificación, que pone a la dictadura orteguista como blanco de las sanciones que ya le han sido aplicadas y las demás que probablemente vendrán en lo sucesivo.

Los representantes del gobierno de los EE.UU. han aclarado que las sanciones a la dictadura de Ortega no son un fin en sí mismo, solo un medio para presionarlo a fin de que entre en razón y negocie con la oposición una salida democrática de la crisis sociopolítica de Nicaragua, o sea, un acuerdo para la celebración de elecciones libres, transparentes y observadas.

Pero al parecer Ortega no solo padece el mal del sadismo político, sino también del masoquismo. Pareciera disfrutar las sanciones que le impone la comunidad internacional, pero perversamente se desquita con nicaragüenses opositores como la martirizada familia Reyes Alonso de la ciudad de León.

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